La condición que pone Bruselas es que estos servicios de pago, financiados por el Estado, satisfagan necesidades 'sociales, democráticas y culturales de la sociedad' y que, además, no propicien efectos desproporcionados en la competencia y el comercio transfronterizo'. La UE insta a los estados a realizar previamente una consulta pública abierta entre todos los afectados para evaluar el cumplimiento de dichos requisitos.